¡Alerta en Antioquia! Deuda de EPS por $8 billones pone en riesgo el sistema de salud del departamento

Antioquia enfrenta una de las crisis más graves de su sistema de salud, debido a la millonaria deuda que mantienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria pública y privada. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, a septiembre de 2025 la cartera vencida asciende a $8 billones, comprometiendo la sostenibilidad financiera y la atención de millones de usuarios.

Del total de la deuda, $6 billones corresponden a la red privada y $2 billones a la red pública. La mayor presión financiera proviene de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional: Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, que en conjunto adeudan $4,9 billones, afectando directamente a cerca de 3 millones de afiliados en el departamento.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, advirtió que la situación es crítica. Señaló que los hospitales han agotado sus posibilidades de sostenibilidad, enfrentando retrasos en el pago de nóminas, quincenas sin cancelar y serias dificultades para el abastecimiento de medicamentos, lo que impacta de manera directa la atención a los pacientes.

El efecto de la crisis ya se refleja en la operación del sistema. Los servicios de urgencias presentan una ocupación superior al 100% en todo el territorio antioqueño, con un promedio del 110% en el Valle de Aburrá y del 108% en el resto del departamento. A esto se suma el cierre progresivo de servicios de salud: solo en 2025 se registraron 877 cierres, entre camas hospitalarias, áreas de urgencias y quirófanos.

Al menos 12 directivos de hospitales en Antioquia han alertado que la falta de recursos ha limitado la atención oportuna de los pacientes y ha generado retrasos en los pagos a proveedores y al personal asistencial, profundizando la crisis del sistema.

Las autoridades departamentales reiteran la urgencia de adoptar medidas inmediatas y estructurales que permitan sanear las finanzas del sector, garantizar la continuidad de los servicios y proteger el derecho fundamental a la salud de los antioqueños.