Gobiernos refuerzan restricciones a redes sociales para menores de 16 años ante crisis de salud mental y seguridad digital

Ante el creciente impacto de las redes sociales en la salud mental, el rendimiento académico y la privacidad de niños y adolescentes, varios países han comenzado a implementar o fortalecer marcos regulatorios que restringen el acceso de menores de 16 años a plataformas digitales.

Lo que inició como una medida pionera en Australia hoy genera eco en España, Francia y Reino Unido, marcando un punto de inflexión en la regulación de entornos digitales y en la discusión sobre la protección de la infancia frente a riesgos tecnológicos.

Australia aprobó la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, que fija en 16 años la edad mínima obligatoria para crear cuentas en redes sociales, con entrada en vigor en diciembre de 2025. La iniciativa fue impulsada por el primer ministro Anthony Albanese y es supervisada por el regulador oficial eSafety Commissioner, organismo encargado de velar por la seguridad digital en ese país. Según el gobierno australiano, la medida responde a evidencia creciente sobre el impacto de los algoritmos en la salud mental juvenil y la exposición temprana a contenidos inapropiados.

En España, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes impulsa el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales (2024). La propuesta busca elevar la edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales y por extensión el acceso a redes sociales de 14 a 16 años. Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado emitió en noviembre de 2025 recomendaciones para reforzar la restricción del acceso de menores a redes sociales como mecanismo de protección frente a riesgos psicológicos y de privacidad.

Las decisiones adoptadas por distintos gobiernos se apoyan en estudios e informes de organismos multilaterales. La UNESCO, en su informe “Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién?” (2023/2024), recomendó la prohibición de smartphones en escuelas para reducir distracción y ciberacoso. La OCDE, a través del Programa PISA, ha evidenciado una correlación entre el uso intensivo de dispositivos digitales y la disminución del rendimiento en lectura y matemáticas. La Organización Mundial de la Salud advierte que el exceso de tiempo frente a pantallas desplaza actividades esenciales como el sueño y el ejercicio físico, impactando negativamente en la salud mental y física. Informes de UNICEF revelan que cerca del 98% de los adolescentes tiene presencia en redes sociales antes de la edad mínima establecida por las plataformas, lo que evidencia fallas en los mecanismos de autorregulación empresarial.

Francia implementó la denominada “pausa digital” en centros educativos mediante regulaciones incluidas en el Code de l’Éducation. En el Reino Unido, el regulador Ofcom publica informes periódicos sobre el uso de medios por parte de menores, los cuales sirven de base para la aplicación de la Online Safety Act y el fortalecimiento de obligaciones a las plataformas tecnológicas.

Mientras algunos sectores advierten que las restricciones podrían fomentar el uso clandestino mediante herramientas como VPN, los gobiernos sostienen que la prioridad es proteger a los menores frente a riesgos comprobados como el ciberacoso permanente, la exposición a contenidos violentos o sexuales, alteraciones en la salud mental, disminución del rendimiento académico y la recolección masiva de datos personales. Las autoridades argumentan que la educación digital requiere condiciones previas de seguridad y equilibrio en el consumo tecnológico.