Decreto 0044 de 2026 genera preocupación en el sector eléctrico por impactos en inversión, mercado y seguridad energética
El Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ha generado una profunda preocupación en el sector eléctrico colombiano, al imponer nuevas cargas extraordinarias a los generadores de energía, con efectos adversos sobre el funcionamiento del mercado, la inversión y la confiabilidad del sistema eléctrico.
La norma establece dos medidas principales: una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025 para las empresas generadoras, y un aporte obligatorio en especie del 12% de la energía vendida en bolsa por los generadores hidráulicos durante 2026. El objetivo declarado del Decreto es atender la crisis de liquidez de los comercializadores de energía y cubrir la deuda acumulada de Air-e, empresa intervenida por el Estado desde septiembre de 2023.
Un mecanismo de autopago forzado
Actores del sector han advertido que, más allá de su propósito formal, el Decreto configura un mecanismo de autopago de deudas, en el cual los generadores —acreedores de las obligaciones pendientes— terminan financiando, vía impuestos y entregas obligatorias de energía, el pago de deudas que el propio Estado y empresas bajo su intervención mantienen con ellos.
Los recursos recaudados por la contribución del 2,5% se destinan al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de honrar acreencias de empresas intervenidas, particularmente Air-e, derivadas de energía ya entregada y no pagada oportunamente.
Distorsiones al mercado eléctrico
El Mercado de Energía Mayorista, que durante más de tres décadas ha operado con reglas claras, formación transparente de precios y mecanismos eficientes de asignación de riesgos, se ve alterado por la obligación de entregar energía sin una remuneración efectiva de mercado. Esta situación introduce distorsiones en los precios, debilita los incentivos a la participación y sienta un precedente inédito al convertir transacciones comerciales en transferencias forzosas con fines fiscales.
Impactos financieros y riesgo regulatorio
Entre los principales efectos identificados se encuentran:
- Reducción directa de la rentabilidad de las empresas generadoras.
- Presión inmediata de caja por pagos anticipados.
- Incremento del riesgo financiero en proyectos con márgenes ajustados.
- Posible traslado indirecto de costos a precios de contratos y tarifas en el mediano plazo.
Adicionalmente, la imposición de cargas sectoriales mediante decretos de emergencia incrementa el riesgo regulatorio, afecta el clima de inversión y puede retrasar decisiones clave en generación firme, reposición de activos y desarrollo de nuevos proyectos, justo en la antesala de subastas de energía y del cargo por confiabilidad.
Pronunciamientos del sector
Los principales gremios del sector energético han expresado su rechazo a las medidas.
Desde ANDEG, su presidente Alejandro Castañeda calificó el Decreto como “totalmente inconveniente y rayando en lo expropiatorio”, anunciando acciones ante la Corte Constitucional.
Acolgen advirtió que las medidas alteran de forma injustificada el marco jurídico vigente y ponen en riesgo nuevas inversiones y la transición energética.
Por su parte, Andesco señaló que el Decreto traslada al sector una carga que corresponde al Estado, poniendo en riesgo la estabilidad lograda y la capacidad de inversión futura.
Llamado a revisión constitucional
Diversos actores han solicitado una revisión constitucional integral del Decreto 0044 de 2026, al considerar que amplía medidas excepcionales sin la existencia de hechos sobrevinientes que justifiquen nuevas cargas estructurales al sector eléctrico.
El sector insiste en la necesidad de soluciones estructurales que atiendan la crisis financiera de los comercializadores sin comprometer la sostenibilidad, la inversión y la seguridad energética del país.
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