Hacer las reformas pensional y a la salud sin reforma laboral es como ponerse los zapatos y después intentar ponerse las medias; como trapear para luego barrer, como empezar el almuerzo con la sobremesa. Un absurdo.

Colombia necesita un mercado laboral con menos informales, es decir, con más trabajadores cotizando periódicamente a la seguridad social. Y eso no se logra profundizando el modelo excluyente actual (más del 50% de trabajadores en la informalidad) y protegiendo a los privilegiados que hoy tienen empleo formal, muchos de ellos con la expectativa clara de la pensión a la vuelta de la esquina. Y unos cuantos con satisfactoria pensión.

Un sistema pensional que tan solo cubre al 20% de la población en edad de pensión es no sólo inaceptable 30 años después de haber sido adoptado con el fin de ser más incluyente, sino socialmente reprochable.

Proponen a cambio uno que simplemente cubre con subsidios muy bajos pero costosos a los excluidos, que arrastra ahorro privado hacia el incierto régimen público sin consideración de hacer reservas y simplemente para pagar las pensiones actuales. A ver, si con subsidios piensan aumentar cobertura, no es necesaria una reforma: por decreto, hagan lo mismo que con programas como “familias en acción”.

Porque una cosa es un auxilio mensual ($223.000) para 2.5 millones de personas como contempla el proyecto y otra es otorgar una pensión que debe ser igual a un salario mínimo mensual legal vigente.
Lo que proponen es algo así como volver al pasado y elevar el pasivo fiscal. La pensional debe estar fundamentada en el ahorro y eso es posible si hay más gente con capacidad de ahorro: léase, más trabajadores formales. Ya que no es así, en octubre de 2023 el Ministerio de Hacienda, al estimar el impacto de la reforma, proyectó el costo de largo plazo en $678 billones en el año 2100. En otras palabras, en ese monto aumentaría el pasivo pensional a cargo del fisco. Inaudito.

Algo similar puede pasar en el sistema de salud: mayor costo público porque no habrá más gente aportando, como debe ser. Con un agravante: bien intencionado acercar servicios de salud a capas de la población que lejos lo han tenido todo. Pero eso tiene que tener correspondencia financiera. No simplemente decir que el Estado paga.

Por eso, vale la pena insistir en que nos bañemos antes de vestirnos. Orden tienen las cosas: primero reforma laboral que impulse el empleo y la formalización así como el incremento de los aportes a la seguridad social. Algo así hará viables los indispensables y aplazados ajustes en salud y pensiones. Una reforma laboral que interprete la realidad de un mundo que se está envejeciendo, que está derrumbando fronteras para la migración laboral y que tiene en las nuevas generaciones menos preocupación por la estabilidad: hoy es más importante la flexibilidad, la movilidad, el trabajo remoto, la buena remuneración, menor número de horas laboradas por semana, la inclusión en muchos sentidos, en fin. Y además, debe responder a un mundo laboral que se enfrenta a acelerados avances tecnológicos y pide otras competencias y otras regulaciones.

Así que, no puede ser que con el diagnóstico en mano y con un historial de gobiernos sin pantalones para hacer lo debido, al actual no le funcione ni el sentido común para hacer las reformas como debe ser y no como algunos sectores retardatarios exigen. Antes que profundizar los privilegios y aumentar el costo fiscal, se requiere equidad para que con oportunidades laborales las personas sean incluidas justamente en el sistema de seguridad social y no arrastradas con costosos subsidios que disfracen la realidad. En un país que cada vez se vuelve más viejo (por cada trabajador hay más adultos mayores) insistir en la reforma pensional actual es no parar la marcha habiendo visto el abismo.

Por: Duglas Balbín – Periodista Económico Universidad de Antioquia

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