Qué es la neutralidad de la Red y cómo afectaría a los estadounidenses que se acabara

Cartel de una protesta contra la FCC: "No a los carriles lentos. Internet abierto e igual para todos". Afp

 

ELMUNDO.ES Sergio Rodríguez
14 dic. 2017 13:09

- A medio plazo, verían una fragmentación en la oferta de acceso a Internet

- A largo, se compromete la innovación, la flexibilidad y la libertad de la Red

- Así es Ajit Pai, el impulsor de la legislación que va a cabar con la neutralidad en la red

Cuando nos conectamos a Internet esperamos hacerlo con fiabilidad, seguridad y libertad. No sólo para ver contenidos. También para acceder a cualquier aplicación o servicio en igualdad de condiciones de competencia entre ellos. Este idea, que garantiza que todos los datos que circulan por una red digital son tratados igual, es la neutralidad de la Red.

Parece algo obvio pero no lo es. En EEUU, se trata de un principio garantizado desde 2015. Un año antes, el presidente Obama pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) que clasificara el acceso a Internet como un servicio de telecomunicaciones. Esto, frente a la clasificación como un servicio de información, garantiza una regulación fuerte y similar a la que tiene la telefonía: con la obligación de permitir un acceso no discriminatorio a servicios de terceros.

El cambio supuso una ruptura respecto a los 20 años anteriores, en los que la conexión a Internet fue una materia con escasa regulación aunque con muchas batallas legales en torno a la neutralidad de la Red. Este 14 de diciembre, la FCC, liderada en la administración Trump por el ex directivo de Verizon Ajit Pai, vota para reclasificar de nuevo el tipo de servicio que es Internet. Y con ello 'matar' Internet en cierta medida.

¿Qué ocurrirá en el mercado estadounidense si la votación es favorable al cambio? A medio plazo, los consumidores comenzarán a ver cómo los proveedores de banda ancha -en especial móviles- comienzan a fragmentar su oferta.

Ajit Pai, presidente de la FCC. USDA

Por poner un ejemplo, un proveedor podrá ofrecer un acceso básico de 4GB mensuales con libertad para navegar por toda la Red. Pero además podrá cobrar una cantidad extra por 4GB más para ver YouTube o Netflix. Otro por 4GB más para utilizar Whatsapp. Y así tantos como el operador quiera. O añadir sus propios servicios de vídeo y mensajería al paquete básico sin que consuman ningún dato. O los de terceros. O no cobrar por el uso de alguno en concreto... las posibilidades son muy amplias.

Es decir, las empresas cuyos servicios consumimos habitualmente en la Red tendrán que llegar a acuerdos con las operadoras para que sus datos tengan un dato preferencial respecto al resto. ¿Qué les pedirán a cambio? Casi con total seguridad se tratará de dinero. Por eso compañías como Google, Facebook o Amazon lideran la resistencia a este cambio. Esto también podría repercutir en el consumidor. Si por ejemplo Netflix tiene que pagar a determinadas redes para que sus servicios sean priorizados o no penalizados, parte del coste sería repercutido a sus usuarios. Es el clásico debate entre quienes dan acceso a los datos y los que los controlan para sacar el mejor partido a las redes con el mínimo perjuicio para los clientes.

La FCC, como ya hace con otros servicios similares -como el cable-, tendrá que proteger a los consumidores de prácticas abusivas o anticompetitivas por parte de las operadoras. A cambio, al reducir la regulación del mercado, confía en fomentar la inversión y la innovación que ahora considera estancada.

Graves consecuencias

A largo plazo, los efectos son mucho más graves.

En primer lugar, para fomentar la innovación de las grandes operadoras se la complicaría a las pequeñas empresas del entorno digital, para las que competir sería mucho más difícil al no hacerlo en igualdad de condiciones. ¿Existirían hoy Netflix o Spotify si las operadoras hubieran privilegiado servicios similares de grandes compañías ya asentadas?

Segundo, implicaría que las operadoras deberían saber en todo momento qué servicio consume cada byte que se transmite. Esto haría de Internet un espacio mucho menos privado al tiempo que podría permitir a las operadoras ofrecer paquetes de conexión inidividuales a precios personalizados. Algo que haría de Internet un servicio más desigual y menos competitivo.

Y tercero, se vería afectada la flexibilidad de Internet. La Red es un espacio de libertad porque se concibió como un sistema sin intermediarios, como una red donde cada punto puede poner información a disposición de todos los demás. La neutralidad lo garantiza y por lo tanto la libertad. De privilegiar a unos servicios sobre otros a la censura hay una corta distancia.
Europa, protegida por ley

Frente a EEUU, Europa cuenta con una normativa clara en torno a la neutralidad de la Red: bloquear o perjudicar a unos servicios sobre otros es ilegal y también lo es priorizar el tráfico en función de lo que se consuma. Sin embargo países que no aplican la norma de forma clara, como Portugal, y otros donde las operadoras sacan provecho al 'zero rating'. Es una opción que permite ofrecer acceso a determinados servicios sin que estos consuman datos. Vodafone ya lo ofrece en España. Una puerta abierta más que suficiente, si no es atajada en Bruselas, para fomentar la competencia entre ofertas de banda ancha móvil.

El debate es intenso porque la decisión es complicada. Se trata de dilucidar si Internet es un servicio tan esencial y básico como en su momento lo fue el teléfono o si se trata de uno cuyo uso no es esencial; también de favorecer a las grandes compañías que ofrecen acceso a la Red o a las grandes compañías de Internet. Aunque quizás el acceso a la Red sea una mezcla del concepto actual del teléfono y el de la televisión por cable: garantía de un acceso básico y neutral con posibilidad de mejora para quien se lo pueda permitir.

La decisión de la FCC será importante pero no definitiva. Ha abierto un debate clave que en poco tiempo podría desplazarse a Washington, puesto que ya son varios los legisladores que han manifestado su intención de sacar adelante una legislación que regule de forma más concreta el acceso a la Red. Como ya ocurre en Europa donde, por ahora, no parece haber riesgo de que pueda contagiarse el cambio.

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